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En primer lugar se debe tener
clara la definición de una política económica y es que son un conjunto de
medidas que implementa la autoridad económica de un país para alcanzar ciertos
objetivos o modificar ciertas
situaciones, a través de manejos de algunas variables llamadas instrumentos. La
definición de la política económica impone a la autoridad la doble tarea de
seleccionar y jerarquizar las metas u objetivos y asignar a ellos los
instrumentos que permitirán alcanzarlos.
OBJETIVOS E
INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA VENEZOLANA:
OBJETIVOS:
- Estimular una mayor diversificación e integración de nuestra economía, de manera que pueda llegar a sustentarse principalmente en crecientes niveles de valor agregado y mayor competitividad.
- Políticas sociales que reducen la desigualdad y la pobreza.
- Promover la estabilidad económica y alcanzar la sostenibilidad de las cuentas fiscales.
- Estimular e impulsar a la pequeña y mediana empresa.
- Racionalización del consumo de combustible del mercado interno, así como la promoción y aprobación de proyectos que fortalezcan el sector conexo petrolero y no petrolero.
- Acelerar la liquidación de CORPOTURISMO dando prioridad a la transferencia al sector privado emprendedor de los hoteles y otras instalaciones turísticas del Estado.
- Logro de un crecimiento autosustentable con justicia social.
- Incrementar los ingresos fiscales.
- Optimización de la contribución fiscal petrolera.
- Reforma integral de los tributos internos y fortalecimiento de la administración tributaria.
- Transferencias de competencias tributarias.
- Racionalización del gasto fiscal, vinculación plan, programa, presupuesto, ejecución y control.
- Reforma y Modernización del Estado.
- Priorizar el gasto social y la inversión real.
- Racionalización de las transferencias. Revisión del marco legal.
- Gestión eficiente y transparente de la deuda pública, en cuanto a manejo de activos y pasivos.
INSTRUMENTOS:
- Eliminación progresiva de la volatilidad económica, incrementar el ahorro y la inversión, fortalecer el desarrollo de las cadenas productivas prioritarias y de la red agroindustrial del país, e internalizar el desarrollo de los hidrocarburos.
- Promover el manejo de los activos del Estado mediante el sistema legal de concesiones y participación del sector privado.
- Actualización de un marco normativo que garantice inequívocamente la estabilidad de las condiciones que incentivan tanto la inversión como el ahorro de los particulares, en un contexto de seguridad jurídica.
- Otorgamiento de márgenes de preferencia respecto a compras del Estado, la aprobación de un esquema simplificado de tributación, un plan de financiamiento integral concertado con las organizaciones representativas del sector industrial.
- Implantación formal del Instituto Nacional para la Pequeña y Medina Industria (INAPYMI).
- Acuerdos establecidos para impulsar las exportaciones no petroleras, adicionalmente, promoviendo una discusión amplia y transparente acerca de los acuerdos de integración comercial, en particular sobre la CAN, el G3, el MERCOSUR y el ALCA.
- Respaldar la municipalización del turismo en coordinación con las alcaldías y formalizar convenios con el sector privado, las gobernaciones y las alcaldías para el Plan de Desarrollo Nacional del Turismo.
- Fortalecer las microempresas y las cooperativas, y organizar el sistema de microfinanzas para el apoyo a las referidas modalidades de gestión productiva.
- Promover la modalidad de gestión, en las empresas del Estado, de la cogestión, para aumentar la eficiencia de esas entidades productivas.
- Control y evaluación de desempeño, con el fin de lograr una mejora substancial de la eficiencia y eficacia del gasto fiscal.
- Aumento de la recaudación interna que permita ir reduciendo progresivamente el déficit fiscal, el déficit no petrolero y las necesidades de endeudamiento hasta cumplir con la regla de equilibrio ordinario plurianual en el periodo 2005-2007.
- Creación de un Fondo de Ahorro Intergeneracional (FAI), como establece la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, “Destinado a garantizar la sostenibilidad intergeneracional de las políticas públicas de desarrollo, especialmente la inversión real reproductiva, la educación y la salud; así como a promover y sostener la competitividad de las actividades productivas no petroleras”.
- Aumentar la productividad, eficiencia y valor agregado del sector petrolero, fijar precios de exportación petroleros conservadores y acordes con la política de precios establecida por la OPEP, aumentar progresivamente los volúmenes de producción y exportación petroleros en concordancia con los lineamientos de la OPEP, racionalizar los tributos de acuerdo con la estrategia de largo plazo, y mejorar la transparencia contable y fiscal de PDVSA.
- Disminuir gradualmente las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), establecer la retención del IVA en las compras gubernamentales y de empresas públicas, así como de las importaciones, con el fin de mejorar la recaudación de ese impuesto.
- Transformar el impuesto a los activos empresariales en un mecanismo más sencillo y eficiente de control de la recaudación del impuesto sobre la renta de personas jurídicas.
- Reducir el monto mínimo de declaración del impuesto sobre la renta de personas naturales con el fin de ampliar el número de contribuyentes, sustituir la declaración del impuesto sobre la renta de personas naturales bajo relación de dependencia por retenciones mensuales, e instrumentar el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (monotributo) con el fin de incentivar la tributación del sector informal.
- Racionalización y fortalecimiento del subsidio al transporte público y al pasaje estudiantil.
- Racionalizar y actualizar los mecanismos de cálculo de los otros impuestos específicos al consumo, particularmente licores y cigarrillos.
- Adecuar gradualmente la tributación indirecta a los lineamientos establecidos en el seno de la Comunidad Andina de Naciones.
- Modernizar la administración tributaria y fortalecer las funciones de fiscalización, cobranza y gestión judicial.
- Consolidar la modernización de las aduanas, con el fin de facilitar el proceso de tributación en la nacionalización de las mercancías y mejorar la recaudación por este concepto.
- Revisar y racionalizar el otorgamiento de exoneraciones que se otorgan para incentivar nuevas inversiones en áreas prioritarias, con un periodo definido y requerimientos de desempeño e impacto sobre el empleo.
- Transferencia gradual de competencias tributarias, acorde con la sostenibilidad financiera de la Hacienda Nacional y con la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, lograr un mayor equilibrio entre transferencias de ingresos y transferencias de gastos a los gobiernos subnacionales y armonización tributaria con los gobiernos subnacionales.
- Plan de registro, control y evaluación de la ejecución física presupuestaria para mejorar la eficacia del gasto y la responsabilidad fiscal.
- Adaptar las finanzas públicas a las transformaciones estructurales del Sector Público, basadas en la Reforma y Modernización del Estado, las reformas administrativas planteadas en la LOAF y la delegación de competencias insertas en el proceso de descentralización.
- Implantar el sistema electrónico de compras gubernamentales que permita agilizar los trámites, hacer más transparentes las operaciones de compra-venta y crear condiciones favorables para apoyar a la industria nacional, simplificar los trámites administrativos que realizan los particulares ante el Estado, en particular las licitaciones, gestiones crediticias, localización de inversiones y liquidación de impuestos.
- Redefinir el Registro de Asignación de Cargos (RAC), con un nuevo Sistema de Reclutamiento y Selección y de Evaluación de Desempeño así como el Plan de Capacitación y Desarrollo y se establecerán incentivos basados en la evaluación de desempeño, con el fin de aumentar la transparencia y productividad de la función pública.
- Instrumentar un nuevo Sistema de Seguridad Social que garantice una amplia cobertura y un alto grado de responsabilidad individual y de solidaridad, con sostenibilidad financiera en el corto y largo plazo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Política de remuneraciones deberá regirse por criterios de desempeño y ceñirse a las disponibilidades presupuestarias, esta restricción será también aplicada a la política de pensiones y jubilaciones de la Administración Pública y de la Seguridad Social.
- Reorientar el gasto hacia los programas de educación, salud, seguridad social y seguridad ciudadana, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, fortaleciendo los programas sociales: atención integral a la infancia, alimentación y nutrición, infraestructura social básica y protección social a los ancianos, los cuales estarán sometidos a una evaluación efectiva que permita garantizar que los recursos lleguen a la población beneficiaria.
- Reorientar el gasto hacia la inversión productiva con el fin de cumplir con las metas de crecimiento económico, las obras nuevas deben estar enmarcadas en el plan operativo anual, y la inversión se realizará, en lo posible, a través de programas coordinados con los estados y municipios.
- Prioridad a la asignación de recursos para el mantenimiento y dotación de las instalaciones existentes, con énfasis en vialidad, escuelas, agua y ambulatorios, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.
- Establecer tarifas preferenciales o subsidios para la población de mayor vulnerabilidad económica, en forma compartida por los niveles nacional, estatal y municipal de gobierno.
- Reducir gradualmente las transferencias corrientes a los entes descentralizados y racionalizar las transferencias de capital en función de la política de asociaciones estratégicas, concesiones, permisos y autorizaciones para la producción de bienes y servicios públicos diferentes a educación y salud.
- Racionalizar y fortalecer el subsidio al transporte público para privilegiar el transporte masivo y a los sectores de menores ingresos, eliminando la asignación prefiscal del subsidio a la gasolina que se transfiere a FONTUR, sustituyéndolo por una asignación presupuestaria adecuada. Esta asignación se presupuestará anualmente acorde con sus requerimientos sobre la base de programas con metas, objetivos e indicadores de desempeño.
- Desarrollar las leyes que permitirán la descentralización fiscal de manera gradual, que mejore la generación de ingresos propios y reduzca el nivel de transferencias y la dependencia financiera del Gobierno Central.
- Definir y ejecutar programas de descentralización de competencias y servicios hacia los estados y los municipios, tratando de vincular este objetivo con fuentes de financiamiento independiente del fisco nacional, considerando la liquidación de pasivos labores de aquellos servicios cuyo personal requiera ser transferido con una política de descentralización.
- Establecer una clara relación entre las potestades tributarias, las transferencias financieras y las responsabilidades de gasto entre los diferentes niveles de gobierno para alcanzar la mayor eficiencia en la gestión del sector público.
- Código Orgánico Tributario, en cuanto al aporte previsto en su artículo 341 para la Administración Tributaria Nacional. Igualmente, la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en su artículo 16.
- Decreto con Fuerza de Ley que regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional.
- Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización, que será reemplazado por el Fondo de Compensación Interterritorial, previsto en el artículo 185 de la Constitución.
- Ley del Seguro Social, en cuanto a los aportes que contempla, estas normas serán reemplazadas por la nueva legislación sobre seguridad social (Ley Orgánica de Seguridad Social y leyes especiales de los subsectores de la seguridad social actualmente en discusión en la Asamblea Nacional), conforme a los principios constitucionales establecidos en el artículo 311, relativos a la gestión fiscal, que tendrá como norte la eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal.
- Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los Estados y el Distrito Metropolitano de Caracas derivadas de Minas e Hidrocarburos, cuya transferencia deberá guardar coherencia con la nueva concepción del impuesto de explotación de hidrocarburos (regalía) establecida en el 19 Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001, en armonía con las disposiciones de la Ley de Hacienda Pública Estatal y de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional.
- Avanzar en la ejecución del Sistema de Transacciones Electrónicas que será capaz de integrar las bases de datos de la deuda pública, el mercado secundario de BCV y el sistema bancario, y a la vez permitir al público en general participar en el mercado de deuda pública.
- Mejorar la estructura de colocación de títulos, ampliando la base potencial de tenedores, incrementando la profundidad de los títulos y dinamizando los mercados secundarios del mismo.
- Optimizar el perfil de amortización de la deuda pública externa e interna a través de una estrategia de refinanciamiento que minimice el impacto en el servicio de intereses y proporcione mayor estabilidad a la gestión fiscal. La señalización y transparencia de las políticas es fundamental en el acervo de credibilidad necesario para este proceso.
- Someter a una planificación rigurosa el nuevo endeudamiento exigido por los programas o proyectos de inversión productiva que no sean objeto de la política de concesiones, a la cual se dará preferencia como instrumento de su financiamiento.
- Incentivar la inversión privada al acordar con el concesionario un flujo de inversiones que permita la optimización del aprovechamiento social del activo en cuestión, liberar al Fisco de la carga de tales inversiones, permitiendo así la aplicación de recursos a prioridades alternativas y la instrumentación de una política fiscal menos volátil.
- Registro certificado de los pasivos laborales del Estado por parte de la Comisión Presidencial ad-hoc, negociación del Estado con sus trabajadores sobre las formas de pago que se utilizarán para el pago de pasivos laborales y minimizar las erogaciones presupuestarias por este concepto.
